es un proceso legal mediante el cual un país entrega a una persona acusada o condenada por un delito a otro país que lo solicita.
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Para que se conceda la extradición en Paraguay, se deben cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos incluyen:
En España, la extradición es regulada por la Ley de Extradición de 1985 y la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal de 1996. Estas leyes establecen las condiciones y los procedimientos que se deben seguir para que una persona sea extraditada.
Esto dificulta la ejecución de las sentencias y puede generar una sensación de falta de justicia tanto para las víctimas como para la sociedad en normal.
“A EE. UU. es a donde más se van las personas que violan la ley y el tratado es muy viejo, porque la doctrina dice que a falta de tratados se puede ir a la colaboración internacional, pero cuál es el problema aquí, que se van a los códigos penales y a veces en estos puede diferir el concepto del delito y la pena”, apunta.
Cómo afecta la falta de acuerdo de extradición a la cooperación internacional en materia de justicia
Además, el delito por el que se solicita la extradición debe ser considerado un delito en ambos países. Esto significa que el delito debe estar tipificado en las leyes de ambos países y que ambas jurisdicciones consideren el delito como un acto punible.
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Esta falta de acuerdo de extradición puede ser un obstáculo para la justicia, ya que dificulta la posibilidad de llevar a los presuntos delincuentes ante los tribunales españoles. Sin embargo, existen alternativas y mecanismos legales que permiten superar esta limitación.
El juez deberá resolver con o sin lugar la solicitud de extradición en un plazo máximo de 3 días. Si resuelve con lugar la extradición, el Juez pone al detenido a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y se da por culminada la fase judicial.
Se han establecido salvaguardias adicionales para garantizar que las personas reclamadas tengan acceso a un juicio justo y que no se les someta a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Se inicia la segunda fase administrativa. En el caso que la persona a la cual se declaró la extradición sea extranjera, el estado guatemalteco coordina con el estado solicitante el lugar, fecha y hora para la entrega del sindicado.
Dicho de otra manera, la aceptación de la extradición debe de realizarse conforme a la descripción de cargos que consta en la orden de la Interpol. Si pensamos que en esta orden se relatan por lo general los hechos delictivos de una forma muy escueta y vaga, esta aceptación puede suponer en la práctica una renuncia al principio de especialidad, un derecho éste que debería acompañar al extraditado en todo momento (art. two y 4 del 3º Protocolo)